Que los consumidores elijan pagar con medios electrónicos no es lo mismo que estar obligados a ello, y ese es el paso que habilita la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que el pago digital podrá ser la única forma aceptada. Para las empresas, la cuestión es prepararse ante un cambio cuyo alcance real todavía depende de lo que definan las autoridades.
Cada vez usamos menos efectivo, como muestra la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI. Comprar por internet, pagar servicios desde el teléfono o enviar dinero en segundos, lo que hace algunos años parecía una innovación tecnológica, hoy es una práctica habitual.
La ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre, busca promover la adopción de medios de pago digitales en el país y, además de impulsar las transferencias bancarias y el uso de tarjetas, abre la posibilidad de que ciertas operaciones deban realizarse solo por vía electrónica. Eso no implica que el efectivo vaya a desaparecer ni que todos los comercios tengan que dejar de recibirlo, pues el alcance quedará en manos de Hacienda y de las reglas que fijen después las autoridades competentes.
Imagine que llega a un restaurante, come y, al momento de pagar, le informan que, por obligación legal, ya no aceptan efectivo. Aunque parezca un escenario lejano, la nueva legislación podría volverlo realidad en algunas actividades económicas.
Desde la perspectiva empresarial, el cambio puede ser una oportunidad para muchas organizaciones, en particular las que hoy trabajan con transferencias, terminales bancarias o plataformas electrónicas, porque les permitiría simplificar procesos administrativos, reforzar controles internos y seguir mejor el rastro de cada operación. La digitalización facilita además la conciliación de ingresos, reduce la necesidad de custodiar billetes, deja registros más precisos de las transacciones y disminuye riesgos de seguridad ligados al manejo físico del dinero.
No obstante, la medida supone un reto para los comercios que todavía cobran en efectivo buena parte de sus ventas, como una cadena de restaurantes que atiende a cientos de comensales al día y que, aunque ya admite tarjeta y transferencia, sigue recibiendo efectivo en numerosos consumos. Para esas compañías, una eventual obligación de aceptar únicamente pagos digitales podría elevar los costos por las comisiones de los bancos, la actualización de sus sistemas de gestión y la infraestructura tecnológica necesaria para no interrumpir su actividad.
Si para una empresa con varias sucursales esos gastos pueden resultar manejables, el impacto es distinto para un pequeño negocio, cuyos márgenes de utilidad y capacidad de inversión suelen ser más limitados. Y la dificultad alcanza también a los clientes, que no tienen todas las mismas posibilidades de usar medios electrónicos.
En el terreno legal, uno de los principales desafíos será contar con normas claras para que las compañías se adapten. El artículo tercero transitorio da a Hacienda 15 días hábiles, que corren desde la entrada en vigor de la ley, el 5 de noviembre, para fijar los sectores estratégicos y actividades relevantes, y el cuarto otorga a las autoridades competentes un lapso igual, a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones con las condiciones, los requisitos y los plazos de transición.
De esa regulación dependerá qué comercios tendrán que modificar sus esquemas de cobro, de qué manera y con qué margen de tiempo. Por ahora, la ley no impone una obligación general e inmediata de abandonar el efectivo: marca hacia dónde se dirige el sistema de pagos mexicano, y conviene que las organizaciones sigan de cerca esas publicaciones y empiecen a evaluar los ajustes que podrían requerir sus operaciones.
La digitalización de la economía parece inevitable y, si las nuevas reglas son claras y los costos de adaptación razonables, puede traer beneficios a empresas, consumidores y autoridades; al final, la modernización del dinero debería medirse menos por el efectivo que deja de usarse que por cuánto facilita hacer negocios.
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Fuente de Información: Forbes