Tomarse un Boing con unos tacos al pastor o con un plato de carnitas sigue siendo, para muchos consumidores, un gesto cotidiano que conecta con la comida popular mexicana. Para la Cooperativa Pascual, ese acto resume una historia de resistencia empresarial en un mercado donde los grandes corporativos suelen desplazar a los jugadores más pequeños con músculo financiero, logística agresiva y esquemas comerciales diseñados para ganar espacio rápidamente.
Hoy, esa resistencia enfrenta un nuevo frente. A partir de 2026, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro y, por primera vez, se aplicará también a las bebidas “light”. La medida busca frenar problemas de salud pública como la diabetes y la obesidad, aunque su efectividad sigue siendo motivo de debate entre especialistas y la industria.
Para la Cooperativa Pascual, productora de Boing, Lulú y Leche Pascual, el aumento no solo implica un mayor costo fiscal. La cooperativa ha advertido que el impacto puede comprometer su viabilidad económica y el empleo de miles de trabajadores, al no contar con los mismos márgenes ni las economías de escala de las grandes refresqueras multinacionales.
La preocupación central es la desproporción. Pascual utiliza fruta 100% mexicana y azúcar de caña como insumos base, mientras que muchos de sus competidores recurren al jarabe de alta fructosa, más barato y mayoritariamente importado. Bajo el esquema actual, ambos modelos productivos enfrentarían el mismo tratamiento fiscal.
Desde la óptica de la cooperativa, el IEPS no distingue entre empresas con fines estrictamente comerciales y aquellas que operan bajo un modelo de economía social. Al ser propiedad de los trabajadores, Pascual reinvierte utilidades, mantiene empleos estables y participa en cadenas productivas nacionales, particularmente con agricultores.
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Fuente de Información: EXPANSIÓN