La nueva política de registro de líneas móviles comenzó a mostrar sus costos para las empresas de telecomunicaciones. La primera fecha del calendario de vinculación dejó las primeras 4.4 millones de líneas suspendidas, y, al mismo tiempo, expuso los desafíos técnicos que implica para los operadores ejecutar una política diseñada para desconectar millones de números, cuando su infraestructura y sus procesos están concebidos principalmente para habilitar y mantener la conectividad.
El padrón de telefonía fue anunciado el año pasado y entró en vigor en enero de 2026 con el objetivo de combatir delitos como la extorsión telefónica. Sin embargo, desde su implementación ha enfrentado cuestionamientos por el manejo de los datos personales de los usuarios por parte del gobierno y por la capacidad de los operadores para resguardar esa información.
A ello se suma ahora el problema operativo de llevar millones de líneas de un estado activo a uno suspendido, lo que exige coordinar distintos sistemas tecnológicos en un periodo reducido.
El reto técnico de suspender miles de líneas
Telcel, que concentra 53.8% de las líneas telefónicas del país, reconoció que sus plataformas de registro presentaron fallas en sus sistemas de IP, incluso en procesos relacionados con las recargas de prepago. Trabajadores de la compañía y de operadores como AT&T y Movistar también señalaron a Expansión que enfrentaron problemas técnicos en sus plataformas durante el proceso.
El reto surge de la propia operación de las redes de telecomunicaciones. Los sistemas de los operadores están diseñados para conectar usuarios, autenticar líneas y mantenerlas activas, no para suspender de manera simultánea millones de servicios. Una baja masiva requiere modificar de forma coordinada los sistemas de facturación, autenticación, gestión de tarjetas SIM y eSIM y acceso a las redes 4G y 5G, además de servicios como llamadas, mensajes y datos.
Cuando el proceso involucra millones de números, cada cambio de estado debe reflejarse de manera consistente entre distintas plataformas. Una falla o retraso en cualquiera de ellas puede provocar interrupciones, inconsistencias o que una línea sea identificada de manera incorrecta. El riesgo aumenta cuando la operación se concentra en una misma fecha y los usuarios intentan realizar su vinculación en las últimas horas disponibles.
La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) advirtió sobre este escenario en un documento enviado en junio a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya copia fue revisada por Expansión. La organización señaló que deshabilitar de manera simultánea líneas no vinculadas representaba un riesgo técnico para la estabilidad de las redes.
“La Asociación aseguró que una operación de esa magnitud ejecutada en un solo momento podría saturar los sistemas de gestión de red, generar fallas en cadena y comprometer la prestación del servicio para el universo de usuarios que sí cumplió con la vinculación”, señaló el documento.
El problema no se limita a las plataformas de las compañías. Las fallas en los sistemas gubernamentales y de los mayoristas también pueden afectar el proceso, pues un usuario que no logra completar correctamente la vinculación puede agotar los tres intentos disponibles y quedar en riesgo de que su línea no sea registrada.
El caso de Roberto Cruz muestra ese problema. El usuario intentó vincular su línea pocas horas antes de que terminara su plazo, pero finalmente el número fue suspendido debido a la congestión de los sistemas del operador.
“Esto impone una carga desproporcionada a quienes actuaron de buena fe para su registro y podría derivar en la suspensión automática de líneas y pérdida de ingresos para los operadores. Los proveedores no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar una deshabilitación masiva de millones de líneas”, aseguró la AMOMVAC en el documento.
Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, la premura del regulador por acelerar el proceso pudo haber presionado a los operadores a implementar los cambios en un periodo reducido. Las fallas, explicó, no necesariamente responden a una incapacidad técnica, sino a que las empresas podrían no haber estado completamente preparadas para absorber la demanda y ejecutar la suspensión de manera ordenada.
“Todos estos temas regulatorios crean afectaciones y los operadores deben estar listos para que las redes funcionen adecuadamente, pero no tenemos claridad si la autoridad es consciente de los cambios y proceso que implican sus políticas”, dijo el analista.
La CRT, por su parte, ha enfatizado que no habrá nuevas prórrogas para la vinculación de las líneas. Esto mantiene la presión sobre los operadores ante el siguiente corte del calendario, previsto para el 31 de agosto.
Una política que también eleva los costos
El registro telefónico no solo ha obligado a las compañías a modificar sus plataformas. También representa un gasto adicional en un momento en que los operadores enfrentan presiones para mantener su rentabilidad.
En las estimaciones incluidas en el proyecto de lineamientos para el padrón de telefonía, la propia CRT calculó que la implementación de la política requeriría una inyección de capital de más de 4,053 millones de pesos. De ese monto, 22 millones de pesos corresponderían al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad representaría el mayor desembolso, con 4,031 millones de pesos.
Altán Redes, Telcel y AT&T fueron los operadores encargados de desarrollar las plataformas, una de acceso y otra de consulta, para atender el registro de las 157.1 millones de líneas telefónicas activas en México. A ese gasto se suma el costo asociado con la validación de cada usuario.
Fuentes con conocimiento del tema señalaron anteriormente a Expansión que cada validación tiene un costo de 3.45 pesos más IVA. Aunque se trata de un monto reducido por usuario, el impacto acumulado es mayor para los operadores con una base de clientes más pequeña y menores ingresos por usuario.
El contraste puede observarse entre los operadores móviles virtuales. El gasto promedio por usuario, conocido como ARPU, ronda los 60 pesos para los OMV.
Un operador como Bromovil, que de acuerdo con el último dato público del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contaba con 60,194 usuarios, tendría que destinar alrededor de 207,669 pesos para las validaciones, frente a una facturación mensual aproximada de 3.6 millones de pesos.
Afectación a las finanzas de las empresas y usuarios
La AMOMVAC sostiene que el impacto es todavía mayor para este segmento, debido a que sus márgenes son más estrechos que los de los concesionarios que cuentan con infraestructura propia. Los costos de verificación documental, adecuaciones tecnológicas, resguardo de datos y obligaciones de reporte representan, según la asociación, una carga regulatoria asimétrica.
El efecto puede alcanzar la competencia del mercado, pues estos costos pueden inhibir la entrada de nuevos operadores y terminar trasladándose a los usuarios mediante mayores precios o menores incentivos comerciales.
Telefónica México, que opera la marca Movistar, informó a Expansión que desde enero ha invertido alrededor de 4 millones de dólares en el desarrollo de plataformas, adecuaciones tecnológicas, fortalecimiento de sus sistemas y rediseño de procesos para cumplir con las nuevas obligaciones.
La compañía explicó que la implementación también obligó a modificar de manera integral los procesos de contratación, activación y conservación del servicio. Esto implicó incorporar nuevos pasos de validación que aumentaron las cargas operativas y generaron nuevas fricciones para los usuarios.
“Consideramos que estos costos económicos, operativos y comerciales deben considerarse durante la evaluación de efectividad de la norma. Para nosotros es importante hacer notar que el cumplimiento de esta norma ha representado un esfuerzo financiero y operativo significativo y que está produciendo cambios estructurales en la operación del mercado”, consideró la compañía.
Menos de la mitad de las líneas están vinculadas
El proceso todavía está lejos de concluir. Hasta el 19 de agosto se habían registrado 73.2 millones de líneas, equivalentes a 46.5% de las 157.1 millones de líneas activas en el país. Esto significa que más de la mitad del universo todavía no había completado el proceso de vinculación.
El siguiente corte, programado para el 31 de agosto, vuelve a poner a prueba la capacidad de las empresas para procesar un volumen elevado de solicitudes y, posteriormente, ejecutar suspensiones sobre las líneas que no cumplan con los requisitos.
Moreno Loza consideró que, ante este escenario, la autoridad debería implementar mecanismos para evitar una nueva saturación de las plataformas y dar mayor certidumbre a los usuarios. Hasta ahora, señaló, una parte de la población ha percibido la política más como “algo autoritario que como un mecanismo de protección”.
El especialista también reconoció que los operadores deberán perfeccionar sus mecanismos de vinculación y, en algunos casos, realizar nuevas inversiones para garantizar que el registro se lleve a cabo de manera correcta y eficiente.
“La autoridad tendría que acompañar estos procesos y más porque hay mucha reticencia y enojo por parte de la población. Estamos ante una política que choca con derechos fundamentales como es el acceso a los servicios de conectividad”, advirtió.
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Fuente de Información: EXPANSIÓN